Se suele presentar el voto electrónico como una cuestión de eficiencia: resultados en pocas horas, menos errores de conteo, menos costos. Conviene correr la discusión del terreno de la velocidad al del poder. Lo que está en juego es quién cuenta los votos, con qué recursos y bajo qué mirada, y si el ciudadano conserva alguna herramienta para comprobar que lo contado se corresponde con lo votado.
Una urna electrónica arrastra cinco debilidades que no dependen de que haya habido o no fraude en una elección concreta. Son defectos de diseño.
La primera es la ausencia de un rastro independiente. El elector no se lleva nada y no deja nada: su voto existe solo como un impulso eléctrico en una memoria. Si esa memoria miente, no hay con qué recontar. La Corte Suprema de la India lo entendió en 2013, cuando ordenó incorporar un comprobante impreso verificable por el votante, y una jueza federal de Estados Unidos llegó a una conclusión parecida en 2019, al ordenar que Georgia abandonara sus máquinas sin papel.
La segunda es la centralización del ataque. En el voto en papel hay que corromper mesa por mesa, bajo la mirada de fiscales rivales. En el voto electrónico basta con comprometer el software madre que luego se copia en cientos de miles de urnas, y un solo punto de falla alcanza a todo el país. Un equipo de Princeton mostró en 2006 que una máquina de votar de la marca Diebold podía cargarse con un programa que alteraba votos, y que ese programa podía pasar de una máquina a otra. Un análisis de Springall y sus colegas, en 2014, encontró debilidades de fondo en el sistema de voto por internet de Estonia, y el problema de la transmisión y la totalización de resultados, que viajan por redes hasta un centro de cómputo, aparece en toda esa literatura.
La tercera es una cadena de suministro opaca: compiladores, dispositivos de carga, firmware de fábrica. El fiscal de mesa, por honesto que sea, no puede auditar eso con sus ojos. Ken Thompson advirtió en 1984, en su conferencia del Premio Turing, que un código malicioso puede esconderse incluso en las herramientas con que se construye un programa, de modo que ni la lectura del código fuente basta para descubrirlo. En 2004, Diebold pagó 2,6 millones de dólares para cerrar una demanda de California por haber instalado software no certificado en sus máquinas.
La cuarta es la imposibilidad de una auditoría ciudadana. Contar papeles se aprende en cinco minutos; auditar código binario no se aprende en cinco años. La verificación deja de estar en manos del pueblo y pasa a ser patrimonio de los peritos. Es lo que sostuvo en 2009 el Tribunal Constitucional alemán al declarar inconstitucional el uso de las máquinas Nedap: el ciudadano debe poder comprobar el escrutinio sin conocimientos técnicos. En Brasil, el artículo de Aranha y van de Graaf, de 2018, señala esa falta de verificación independiente como la principal debilidad del sistema.
La quinta es que un fraude electrónico no deja evidencia. Un fraude en papel deja boletas marcadas, padrones alterados y testigos. Un ataque bien ejecutado sobre una máquina de registro electrónico directo borra su propia huella. En 2017, el director de Smartmatic, Antonio Mugica, declaró en Londres que la participación en la Constituyente venezolana había sido inflada en al menos un millón de votos, y el Consejo Nacional Electoral lo rechazó. Ningún ciudadano estaba en condiciones de comprobar ni lo uno ni lo otro.
La Ilustración Oscura, o Dark Enlightenment, no es una conspiración. Es una corriente filosófica con textos publicados. Sus referentes principales son Nick Land y Curtis Yarvin, que escribe bajo el seudónimo de Mencius Moldbug, y ha tenido eco en una parte de Silicon Valley. Su tesis central, escrita por ellos mismos, es antidemocrática: la democracia sería un sistema ineficiente e ingobernable que debe ser reemplazado por formas de gobierno de tipo monarquía de gerente general, donde la soberanía la ejerce quien controla la tecnología y el capital, y no el voto popular.
Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes de ese mundo, escribió en 2009: «Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles». No es una interpretación sino una cita textual de su ensayo. Cuando quienes financian, diseñan y controlan la infraestructura digital del planeta adhieren públicamente a una filosofía que ve en la democracia un obstáculo, es legítimo preguntarse si conviene entregarles también la infraestructura que cuenta los votos. No todos están en eso. Pero la filosofía existe, es antidemocrática por definición y tiene poder real en el valle que produce las máquinas. Eso es el tecnofeudalismo: un gobierno que no surge de una elección sino de la propiedad de la plataforma. Es el principal enemigo de la democracia.
Para el antecedente no hacen falta hipótesis. Hay archivos. Los documentos desclasificados del Departamento de Estado y del National Security Archive sobre Brasil establecen dos hechos. En 1962, Estados Unidos financió de manera encubierta, a través del IBAD y de ADEP, a candidatos para influir en las elecciones legislativas brasileñas contra João Goulart y la izquierda, según cables desclasificados en los años noventa. En 1964, con la Operación Brother Sam, el gobierno de Lyndon Johnson autorizó el envío de un portaaviones, destructores, petróleo y armas para respaldar el golpe militar contra Goulart si la resistencia se prolongaba. Los audios de la Casa Blanca y los memorandos del Departamento de Estado se desclasificaron en 2004. Washington no esperó el resultado: lo volcó. Aquella injerencia no se supo en 1964. Se conoció años después, cuando se abrieron los papeles.
El voto en papel con fiscales devuelve el poder a la mesa. Una urna de papel no exige confianza ciega. Exige seis ojos de tres partidos distintos que cuenten lo mismo, en voz alta,. Si hay dudas, se abre y se cuenta de nuevo, y el acta final se firma solo cuando todos coinciden en lo que vieron. No hay perito que valga más que eso, ni software que lo reemplace. Es más lento, y tarda horas más. A cambio deja una verdad física, repartida en cien mil mesas, imposible de reescribir desde un servidor central.
Por eso la pregunta que cierra este debate no es técnica sino política: ¿Es preferible esperar unas horas más el resultado electoral o esperar 30 años a que el Departamento de Estado desclasifique documentos que demuestren la injerencia de Estados Unidos para volcar una elección?
Por Ignacio Stankewitsch