El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Tierras enciende las alarmas sobre el rol que está jugando el máximo tribunal en la arquitectura democrática del país. Al revocar la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, los jueces evitaron pronunciarse sobre el tema de fondo: si un Poder Ejecutivo puede borrar por decreto una ley estratégica que regula y limita la extranjerización del territorio nacional. En su lugar, el tribunal prefirió refugiarse en un riguroso debate de procedimiento procesal, dictaminando que el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) carece de "legitimación activa" para litigar
Este repliegue técnico ocurre en un momento político crucial. Semanas atrás, ante la falta de consensos y apoyos en el Senado, el oficialismo se vio obligado a retirar el capítulo de flexibilización de tierras que pretendía aprobar por ley. Lo que no se pudo conseguir a través de los canales institucionales tradicionales, mediante el debate parlamentario abierto y la negociación de cara a la sociedad, encuentra ahora una vía libre indirecta. La clausura del expediente por cuestiones de forma deja vigente, en la práctica, la desregulación irrestricta de la propiedad rural en manos extranjeras
Al restringir quiénes tienen el derecho de defender los recursos naturales o las zonas de frontera en los tribunales, los magistrados envían un mensaje desalentador. Resulta dolorosamente paradójico que a los mismos excombatientes que pusieron el cuerpo en las islas se les niegue hoy el derecho a defender el suelo soberano en los escritorios. Cuando las reglas de procedimiento se anteponen a la evaluación sustancial del abuso de las herramientas de emergencia, el andamiaje técnico deja de funcionar como una garantía republicana. Con los tribunales cerrando sus puertas a este reclamo, la responsabilidad institucional de actuar como contrapeso recae de manera urgente sobre la Cámara de Diputados, que tiene la última palabra sobre el DNU.
No se trata solo de artículos o incisos, sino de la entrega silenciosa de nuestra geografía y nuestros recursos a merced del mejor postor, desoyendo la memoria histórica de un pueblo. La Justicia pierde su razón de ser cuando se esconde detrás de tecnicismos para no hacer justicia. Al final, este fallo deja un precedente alarmante: demuestra que cuando un Gobierno no logra convencer al Congreso, el formalismo judicial puede convertirse en la herramienta perfecta para imponer, entre despachos, un modelo que la sociedad rechaza en las calles.
Por Matías Pintos