La investigadora Virginia Aparicio enfrenta un sumario y podría ser exonerada tras participar de un estudio que detectó agrotóxicos en 73 argentinos.
“Se nos prohibió difundir los resultados”, asegura a Economía Sustentable la Dra. Virginia Aparicio, una de las científicas del país con mayor conocimiento en la investigación de agrotóxicos, en referencia a las muestras obtenidas de los 73 voluntarios argentinos que participaron del proyecto internacional SPRINT (“Transición Sostenible de Protección Vegetal”), luego de encontrar mezcla de agrotóxicos en sangre, orina y materia fecal.
El SPRINT es un estudio internacional que fue realizado y financiado durante cinco años por instituciones académicas de diez países europeos y Argentina, con el objetivo de desarrollar una herramienta de salud global para evaluar el riesgo de uso de plaguicidas en el campo y en la ciudad. Sin dudas, sus resultados podrían obligar a las grandes corporaciones del agronegocio a revisar sus prácticas habituales en el uso de plaguicidas.
La investigadora del INTA Virginia Aparicio enfrenta un sumario y una posible exoneración tras participar en un estudio internacional que detectó múltiples agrotóxicos en muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios argentinos
Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias, investigadora independiente del Conicet y desde hace dos décadas trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde desarrolla investigaciones vinculadas con suelo, agua y plaguicidas. Por participar del proyecto SPRINT enfrenta un sumario administrativo en su contra y la posibilidad de ser exonerada de la Administración Pública Nacional.
Cuál es el argumento para querer echar a una científica del INTA
Ocultamiento de información y perjuicios al Estado, entre otras acusaciones. Su abogado, Mario Bolla, afirma que la acusación por ocultamiento de información a jerarquías superiores “es mentira”: “Podemos documentar cada acción del proyecto que se comunicó al jefe directo de la Estación Experimental del organismo” También cuenta que Virginia fue acusada de perjuicio económico y material al Estado nacional y dice que es falso. “El INTA no financió el SPRINT, todas las partidas llegaron desde Europa y fueron debidamente rendidas”, detalla.
La cronología: el ingreso de Argentina al estudio internacional
El 1 de mayo de 2020, la Comisión Europea firmó el acuerdo de financiación del SPRINT en el marco del programa Horizon 2020 de la Unión Europea, mediante el acuerdo de subvención n° 862568, para el que se destinó un total aproximado de 15 millones de euros. En septiembre de ese año, Argentina se incorporó al proyecto como el único país no europeo, y lo hizo a través del INTA. En ese momento se convocó a la Dra. Aparicio para dirigir la investigación y analizar las muestras de las 73 personas voluntarias de la provincia de Buenos Aires, tanto del ámbito rural como urbano, que serían evaluadas a través de muestras de sangre, orina y materia fecal.
En el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 78) realizada en septiembre del 2023 se publicaron los resultados parciales del total de los países analizados. En Argentina, el total de las muestras tomadas en los 73 voluntarios registró presencia de agrotóxicos en un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina, y de cero a 18 sustancias en materia fecal. Argentina se posicionó como el país con mayor cantidad de plaguicidas peligrosos, como el glifosato y el clorpirifos.
Ese mismo año, el INTA abandonó la participación en el proyecto mediante la Resolución 2023-399-APN-INTA, sin comunicar los hallazgos de agrotóxicos en las personas y el ambiente, ni brindar explicaciones acerca del motivo de la desvinculación del país.
Si bien la Argentina decidió discontinuar su participación en el SPRINT, la Comisión Europea no publicó, hasta ahora, una explicación sobre la decisión argentina ni sobre las condiciones administrativas de su salida. Hasta la finalización del proyecto en febrero de 2026, los resultados de Argentina continuaron siendo parte del proyecto Sprint.
Mientras organizaciones científicas y ambientales reclaman que se divulguen los resultados y se evite su expulsión, el INTA sostiene que esperará la resolución del sumario para dar una respuesta pública
El reclamo social contra la exoneración de la investigadora Virginia Aparicio
El 21 de junio de 2023 era la fecha pautada para detallar los resultados a los 73 voluntarios que fueron testeados. Era una reunión privada con autoridades del INTA, pero una semana antes, el encuentro fue suspendido por orden del entonces director nacional del organismo, Carlos Parera.
“Buscan silenciar a la ciencia a través de mi persecución”, insiste Aparicio, mientras analiza que, si los resultados se hacen públicos, el Estado se vería obligado a responder con medidas para preservar a la población y territorios frente al impacto del modelo agroindustrial.
Y puntualiza: “El Ministerio de Salud es un gran ausente en todo esto. Están los datos, están las pruebas, pero los responsables miran para otro lado. Los resultados podrían haber sido una herramienta eficaz para que el Estado investigue el efecto de los plaguicidas en las zonas analizadas; pero en cambio, el INTA decidió censurar los resultados, y quitar del proyecto Sprint al país sin brindar argumentos sólidos”.
Economía Sustentable se comunicó con el INTA para pedir detalles sobre la salida del país del proyecto internacional y poder puntualizar en las acusaciones a Aparicio, pero hasta que la resolución definitiva no sea emitida, desde el organismo informaron que “prefieren esperar para dar una respuesta pública”, respaldando su posición a través del secreto de sumario.
-¿De qué te acusan hoy?
-Me acusan de no haber entregado toda la información obtenida a la jerarquía institucional. El problema apareció cuando me pidieron que detallara el nombre y apellido, los teléfonos y las concentraciones de agrotóxicos de cada voluntario, pero existe una ley que protege los datos personales de los participantes y por eso respondí que ante ese tipo de pedido no brindaría más detalles. Yo me comprometí a tomar las muestras, a mandarlas a analizar a Europa y a brindar a cada voluntario un informe personalizado y cumplí con todo lo acordado. Toda esa información está publicada en la base de datos del estudio Sprint.
-¿Por qué crees que ante la evidencia de plaguicidas distribuidas en todas las matrices, el Estado decidió no intervenir ni advertir de los riesgos a las poblaciones afectadas?
Por el conflicto de intereses con las grandes corporaciones del agronegocio. El Estado podría haber ampliado la investigación sobre la presencia de plaguicidas, independientemente del sumario que me iniciaron a mí, para cuidar la salud de la población presuntamente afectada, pero no lo hizo.
El Estado está para protegernos y no es justo que las personas estén ocupándose de defenderse de las empresas que intoxican sus cuerpos y territorios. En general, son los movimientos socioambientales los que se están ocupando de defender lo que los directivos del Estado no hacen.
-¿En qué situación te encontrás hoy?
Sigo yendo a trabajar al INTA Balcarce. Quiero jubilarme como investigadora, porque es lo que soy y seré siempre. Además, no tengo plan b, porque quiero dedicarme a investigar toda la vida.
En el ámbito laboral, desde que me enteré del sumario interno, la verdad es que me encuentro un poco más sola. Los colegas más cercanos se alejaron y prefieren no trabajar ni hablar conmigo. Ahora me acostumbré, pero al principio me dolió. Observo a mi alrededor que hay mucho temor por la situación que atraviesa el INTA en todo el país, al igual que sucede con el resto de la ciencia argentina, que está siendo castigada, desfinanciada y desprestigiada permanentemente.
La situación de la científica generó reclamos de organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, entidades vinculadas con la defensa de la investigación científica y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA). Juntas impulsan una campaña para evitar la exoneración de Aparicio y reclaman para que se puedan divulgar los resultados obtenidos durante la investigación, considerados de gran relevancia para tomar decisiones sobre los efectos ambientales sobre los habitantes de la región. Las organizaciones invitan a firmar un documento público contra la posible exoneración de Virginia Aparicio de la Administración Pública del Estado.
Por Laura Gambale - Economía Sustentable