Los recientes episodios de corrupción oportunista responden a la propia naturaleza del poder libertario. La ausencia de trayectoria institucional convirtió la prédica anticasta en un atajo para el beneficio personal.
La escena que está trascendiendo en estos momentos como el “Olivosgate” parece casi una caricatura del debate sobre el Estado que propone Javier Milei. Más allá de la denuncia por la compra de 29 toneladas de carne o el despido del secretario de Discapacidad por la auditoría que mostró un faltante de alrededor de 100 millones de dólares en ANDIS, lo importante es que donde se rasca un poco, aparecen bajo la superficie de este Gobierno irregularidades y presuntos casos de corrupción.
¿Y si el problema no fuera sólo la corrupción? ¿Y si fuera el tipo de poder que construyó Milei? Adorni y su patrimonio inexplicable. $LIBRA, ANDIS, Spagnuolo. Ahora, Olivos. Son casos distintos, pero todos ellos juntos muestran algo: una sucesión de problemas de institucionalidad gravísimos.
En su momento caracterizamos al de Milei como un “gobierno lumpen”. “Lumpen” entendido como la llegada rápida al poder de gente sin ningún tipo de experiencia, y que con la ambición de “pegarla” se acerca a él. Gente que vio en el poder una oportunidad para enriquecerse. Que pasó en poco tiempo de la actividad privada a manejar presupuestos, contratos, información y decisiones de enorme peso. Sin años de aprendizaje institucional. Sin una carrera que perder.
El escándalo generó indignación tras la publicación de una licitación por 29 toneladas de productos cárnicos y otros alimentos para Casa Rosada y Olivos, por unos $500 millones. Además, en un contexto de fuerte caída del consumo de carne en Argentina, con índices en su piso histórico.
Recordemos, de paso, que en diciembre de 2023, una de las medidas anunciadas por Iñaki Gutiérrez, que en ese momento estaba a cargo de la comunicación digital, fue dar de baja al proveedor de medialunas y tostados de la Casa Rosada, como vemos en el siguiente tuit:
El escándalo actual derivó en una reorganización del personal civil de Olivos y el reemplazo de 12 trabajadores por personal de las Fuerzas Armadas. En paralelo, la salida de Belén Agudiez, una funcionaria cercana a Karina Milei.
La diputada Marcela Pagano denunció que los rumores que circularon alrededor de Olivos fueron una cortina de humo para tapar un escándalo de corrupción: el desvío de fondos estatales para abastecer a una empresa de catering de la que son dueños algunos de los empleados de la Quinta de Olivos.
La empresa “Pancitos Caseros”, que denuncia Pagano, cerró su cuenta de Instagram tras el escándalo.
Escuchemos ahora a Pagano hablar de su denuncia:
Pero el escándalo de Olivos no es un rayo en un cielo despejado. Cae en momentos en que confluyen otros síntomas del desastre de la administración libertaria.
La misma semana, el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, fue desplazado luego de impulsar una auditoría sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que detectó un “desfasaje” de $158.717 millones durante la gestión de Diego Spagnuolo, que además fue procesado en la causa junto a su ex número dos Daniel Garbellini y a otras 17 personas, entre ellas empresarios vinculados a droguerías.
Y a esto se suma, también esta semana, la presentación de la declaración jurada de Adorni ante la Justicia de un descargo de 78 páginas para explicar la aparición de más de US$500.000 en efectivo en su patrimonio, que atribuye a inversiones tempranas en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. El problema es que, según la investigación periodística, para hacer encajar esta explicación tuvo que modificar 22 declaraciones juradas de distintos años. También se cuestionó el costo de refacciones de su casa —el constructor había declarado US$245.000 y él sostiene que fueron US$175.000— y explicó compras domésticas hechas con tarjetas de empleados como simples favores que luego reembolsó en efectivo.
Otro nivel de contabilidad creativa.
La defensa, además, sostiene que guardar dólares y efectivo fuera del sistema bancario y de la mirada de ARCA es una práctica bastante extendida entre los argentinos. El argumento puede funcionar como explicación sociológica de un hábito de los argentinos, pero tiene bastante menos fuerza como justificación ante un fiscal que investiga un posible enriquecimiento ilícito.
La suma de estos escándalos permite mirar algo más profundo que el caso de corrupción. No es Adorni, Olivos, ni ANDIS, es el Gobierno. Porque gobernar no es solamente impartir órdenes: es construir una organización capaz de convertirlas en decisiones, procedimientos y resultados, y después verificar que aquello efectivamente haya ocurrido. Ahí aparecen tres palabras que pueden servir para leer no sólo este episodio sino también la crisis de la ANDIS: mando, comando y control.
El mando establece qué hacer y quién responde; el comando decide quiénes lo harán y cómo se organizarán; el control comprueba después si se hizo lo que debía hacerse. Y la pregunta que dejan los episodios de las últimas semanas es si el problema del Gobierno puede estar, antes incluso que en la corrupción, en algo más básico: su capacidad para administrar el Estado que se propuso reducir.
Para que una administración funcione, no alcanza con la conducción política. Necesita cuadros medios capaces de transformar las decisiones de arriba en gestión concreta: conocen los procedimientos, coordinan equipos, detectan problemas y sostienen la continuidad cuando cambia la conducción. Son el eslabón entre el mando y el control: reciben una orden, la convierten en una cadena de acciones y después deben poder explicar qué ocurrió. La OCDE destaca precisamente el papel central de los funcionarios de alta dirección para convertir las prioridades políticas en resultados y gestionar la relación entre la conducción política y la administración profesional.
Desde el comienzo, La Libertad Avanza fue desplazando o marginando a varios dirigentes de la primera etapa. Ramiro Marra, uno de los fundadores y una de las caras más visibles de la construcción libertaria original, fue desplazado en marzo de 2024 de la jefatura del bloque porteño, en medio de una disputa con el sector de Karina Milei, y en enero de 2025 fue expulsado formalmente del partido. La propia conducción justificó la decisión por su voto a favor de un aumento de impuestos en la Ciudad y afirmó que quienes no siguieran los lineamientos presidenciales serían expulsados.
Veamos el tuit de Ramiro Marra en el contexto de los últimos escándalos.
Tuit de Ramiro Marra:
“Están para robar”, cierra el tuit. Marra insinúa que la salida de Agudiez estaría relacionada con una traición y con hechos de corrupción.
El caso de Daniel Parisini, el “Gordo Dan”, también es ilustrativo: aunque se convirtió en una figura relevante de la militancia digital y encabezó Las Fuerzas del Cielo, su sector quedó relegado en el armado de las listas bonaerenses de 2025. Buena parte de quienes habían acompañado a Milei desde los comienzos fueron quedando afuera o en posiciones marginales, mientras el poder se concentraba cada vez más alrededor de la conducción de Karina Milei.
Javier Milei llegó al poder con una concepción según la cual el principal problema del Estado era su tamaño y su intervención, no primordialmente la calidad de su administración. De allí puede surgir una paradoja: se puede reducir el Estado sin fortalecer al Estado.
Una organización más pequeña no es necesariamente una organización mejor administrada. Incluso puede suceder lo contrario: si se eliminan capas administrativas, personal experimentado o procedimientos sin sustituirlos por sistemas mejores, disminuye simultáneamente la capacidad de hacer y controlar.
Un gobernador aprende que una orden no es lo mismo que su ejecución; que quien firma no necesariamente controla; que cada nombramiento genera una cadena de nombramientos; que hay que controlar al controlador; que una licitación aparentemente insignificante puede convertirse dos años después en un problema presidencial.
Si rechaza a la vieja clase política porque representa “la casta”, tampoco puede disponer inmediatamente de miles de personas experimentadas para sustituirla. Para destruir eficazmente una burocracia hay que conocer extraordinariamente bien la burocracia que se quiere destruir.
La motosierra, como metáfora política, expresa perfectamente el mando: hay que reducir el Estado. Pero no explica el comando: qué exactamente hay que cortar, quién lo hará y qué debe conservarse. Mucho menos el control: cómo sabemos después si eliminamos grasa o músculo.
La casta podía convertir el Estado en una profesión. El riesgo del anticasta es convertirlo en una oportunidad para saquear y enriquecerse rápidamente. El vacío de funcionarios de profesión es ocupado por oportunistas, ya que quien piensa permanecer veinte años dentro del sistema, por ejemplo alguien de la casta, tiene veinte años que perder. Quien llegó ayer y cree que puede irse mañana puede comportarse como si sólo tuviera el presente y nada más. La precariedad de esa visión aumenta el cortoplacismo y multiplica la corrupción a pequeña y mediana escala en todos los estratos de la administración.
La cuestión de fondo podría ser anterior a la corrupción: la capacidad del Gobierno para administrar el Estado que busca reducir. La reducción de estructuras, personal o procedimientos puede incluso disminuir la capacidad de hacer y controlar si no existe una organización alternativa más eficiente.
La inexperiencia de parte de la conducción en la administración pública; un eventual desinterés por la gestión cotidiana frente a áreas como la macroeconomía o la batalla política por parte de Milei; la personalización del poder en círculos de confianza alrededor de Karina; y lo que podría denominarse una “lumpenización del poder”, entendida como el ascenso de personas a posiciones de enorme responsabilidad sin una trayectoria previa de profesionalización institucional.
La literatura sobre administración pública señala que incorporar outsiders puede generar un problema de selección: quienes llegan desde fuera de las estructuras tradicionales tienen menos antecedentes observables sobre su competencia, conducta y límites.
Esto permite distinguir entre una corrupción institucionalizada, basada en redes y mecanismos que llevan años funcionando, y una posible corrupción oportunista o predatoria, en la que alguien que accede inesperadamente al poder percibe que su permanencia puede ser breve y busca aprovechar el presente. Quizás el impacto sobre el erario sea menor, pero representa el síntoma de un gobierno en descomposición.
Si estos problemas aparecen ya en un primer mandato de La Libertad Avanza, cuando todavía existen fuertes incentivos para cuidar la continuidad política, la pregunta es: ¿Qué mecanismos de control e institucionalidad deberían fortalecerse hacia adelante?
Durante el menemismo, por ejemplo, varias de las investigaciones por corrupción que terminaron marcando a la década estuvieron vinculadas a una estructura de poder que se fue consolidando con el paso de los años. Menem terminó condenado por el pago de sobresueldos y también enfrentó procesos por la venta ilegal de armas, aunque esas condenas no quedaron firmes en la Corte Suprema de Justicia, pero él terminó condenado.
En el kirchnerismo ocurrió algo diferente pero igualmente ilustrativo: la continuidad en el poder permitió consolidar estructuras, funcionarios y vínculos con contratistas que posteriormente fueron investigados en causas como Obra Pública, Hotesur y Los Sauces. La propia Oficina Anticorrupción sostuvo que Cristina Kirchner mantuvo estructuras institucionales y personas de confianza que habían ocupado posiciones estratégicas durante el gobierno de Néstor Kirchner y eran acusadas de estos actos de corrupción.
La lección no es que todo segundo mandato sea necesariamente más corrupto, sino que el tiempo puede tener un doble efecto: permite profesionalizar una administración y fortalecer sus controles, pero también puede permitir que redes informales de poder se consoliden.
Si la lógica de la lumpenización no se corrige, un eventual segundo mandato de Milei podría multiplicarla: más personas llegarían al poder no por trayectoria institucional sino por cercanía, lealtad o capacidad para aprovechar una oportunidad. Con el tiempo, esa lógica puede dejar de ser excepcional y convertirse en un mecanismo habitual de selección de funcionarios. Cada nuevo nombramiento puede reproducir el mismo patrón, desplazando progresivamente la experiencia profesional por relaciones de confianza y lealtades personales. Y cuanto más se extiende esa dinámica dentro del Estado, mayor es el riesgo de que la búsqueda de la oportunidad individual termine reemplazando la responsabilidad institucional. Es de esperar que, si existe, el segundo mandato sea todavía más corrupto y lumpen.
Producción de textos e imágenes: Facundo Maceira
Por Jorge Fontevecchia-Perfil
