Qué hay detrás de las imágenes de miles de marroquíes entrando a territorio español. Una imagen engañosa, incluso para una zona acostumbrada a las tragedias.
Si la imagen de miles de jóvenes varones marroquíes pasando sin control por la frontera terrestre entre España y Marruecos en Ceuta era, por sí sola, impactante, el cálculo de las autoridades españolas y locales de Ceuta, del paso de entre 50 y 60 mil personas cruzando en un sólo día, da la dimensión de la crisis. Ceuta, uno de los enclaves españoles en África, tiene poco más de 80 mil habitantes permanentes. Al menos 72 personas murieron intentando cruzar y los hospitales fueron desbordados por los necesitados de asistencia médica. En las cuarenta y ocho horas siguientes, un porcentaje muy elevado de quienes habían cruzado regresaron a Marruecos, y el flujo se detuvo tan bruscamente como había comenzado.
La imagen fue excepcional incluso para una frontera acostumbrada a las tragedias. También fue engañosa. La mayor parte de la inmigración llega por avión, desde América Latina, o bajo los acuerdos de libre circulación europeos. En todo 2025 España registró 35.935 arribos irregulares por tierra y mar. En Ceuta entraron más personas en un día. La potencia de la escena, sin embargo, trasciende su excepcionalidad. En las democracias de Europa occidental: la inmigración y sus efectos reales e imaginarios sobre la demografía, el trabajo, la vivienda, los servicios y las costumbres ocupan un lugar de primer orden en todos los debates políticos, y motorizan el auge de las extremas derechas.
España, más allá de España
Alrededor del 3% de los habitantes de España en 1998 habían nacido fuera del país. En 2025, España contaba con 49,7 millones de residentes, de los cuales 10,15 millones habían nacido en el extranjero, el 20,4%. En menos de treinta años, un país con una larga historia de emigración se convirtió en uno de los principales destinos de inmigración del continente.
La inmigración en España es particular. Casi la mitad de las personas provienen de América Latina, y alrededor de la cuarta parte nació en otro país europeo. El idioma y los lazos culturales, o la legislación europea, facilitan la integración. La conversación pública construyó con ellos una relación distinta –aunque no exenta de problemas– de la que mantiene con la inmigración africana y de Medio Oriente.
Marruecos es donde la inmigración en España se encuentra con las agendas del resto de Europa. Más de 1,1 millones de residentes en España nacieron en ese país. Alrededor del 2,3% de la población total. Constituyen el mayor colectivo migrante si se mide el origen por países y no por regiones. Aunque la integración, en líneas generales, funciona, es una comunidad suficientemente grande como para que una proporción baja de casos de marginalidad, delincuencia, terrorismo o conflicto constituya un número absoluto de casos muy alto, en el orden de las decenas de miles. La extrema derecha representada por Vox hace de esos casos bandera.
Los datos muestran las dos caras. Entre 2022 y 2024, los nacidos en el exterior aportaron alrededor del 45% del crecimiento del empleo y, según la OCDE, unos 0,7 puntos anuales al crecimiento del PIB per cápita. España es el país que más crece entre las grandes economías de Europa occidental en parte por eso. Al mismo tiempo, los inmigrantes no comunitarios registraban en 2024 un desempleo del 18,4%, frente al 10% de los nacionales, y más de la mitad estaba en riesgo de pobreza. Para los marroquíes, el Real Instituto Elcano estimó una desocupación cercana al 27%. Y sin embargo, aun en esas condiciones, España es una alternativa más atractiva que Marruecos, un país que progresó e industrializó sectores de su economía, pero cuyo PIB per cápita es menor al de Paraguay, mientras España es un país desarrollado, con estándares de vida entre los más altos del mundo.
Marruecos es, además, país de tránsito para la migración del África subsahariana, una inmigración en la que son ubicuas las condiciones de pobreza extrema y con la que las distancias culturales, económicas y educativas son aún mayores.
Ninguna democracia europea hoy mantiene una política de acogida demasiado generosa, y aunque el continente necesita de la inmigración para compensar el envejecimiento de su propia población, en las agendas priman las restricciones ante una coyuntura de tensiones culturales y bajo crecimiento económico general en gran parte autoinfligido, que atenta contra la dinámica del empleo para la población nativa y genera competencia por los servicios sociales. En ese marco, el gobierno progresista de España se diferencia por una política para regularizar e integrar a quienes ya se encuentran en el país, pero no escapa a las políticas de restricción de nuevos arribos.
La frontera desbordada
En ese contexto llegó la avalancha. La crisis no comenzó el jueves. El 8 de julio, el Tribunal Supremo prohibió el uso de un procedimiento abreviado de devolución sumaria de personas que no superaran “elementos de contención fronterizos”, como vallas. Quienes llegaran a nado debían pasar por el procedimiento ordinario de extranjería. El fallo no impedía su repatriación ni les concedía residencia, pero eliminaba la posibilidad de deportación inmediata a Marruecos.
En las redes sociales se aprovechó la sentencia para difundir una noticia fake de que la frontera está abierta. Las redes de tráfico de personas aprovecharon la sentencia para reclutar a jóvenes marroquíes. La explicación tanto de Rabat como de Madrid culpa a estas mafias del desborde fronterizo de la última semana, y seguramente, sea parcialmente cierto. Pero esa explicación resulta insuficiente.
La derecha española apunta contra la regularización extraordinaria que dispuso el gobierno de Pedro Sánchez. Un proceso que buscó normalizar la situación de cientos de miles de personas residentes en España. Hasta la fecha límite del 30 de junio se presentaron 1.174.968 solicitudes, aunque dados los tiempos, una ínfima minoría fueron aprobadas hasta el momento.
La tentación de mezclar una política de ciudadanía para inmigrantes con una frontera fuera de control es fuerte. Pero la causalidad dista muchísimo de ser obvia. Ninguna persona que entre por Ceuta puede beneficiarse de un proceso ya cerrado, y dirigido exclusivamente a personas que residen en España en 2025. La explicación más probable, aunque no haya pruebas definitivas, pasa por la relación bilateral con Marruecos.
Las puertas de salida están abiertas
Es imposible que una marea de miles de personas pudieran alcanzar la costa o los pasos fronterizos sin la pasividad de las fuerzas de seguridad. El contraste entre el día de la explosión de la crisis y los siguientes, con bloqueos y decenas de detenciones es prístino. Los indicios de tolerancia deliberada no escapan a nadie que tome en cuenta la escala del movimiento, la rapidez con que el flujo pudo cerrarse, o que conozca tanto la capacidad de vigilancia del Estado marroquí como sus antecedentes.
En mayo de 2021, unas 8.000 personas entraron en Ceuta de manera descontrolada. Funcionarios españoles denunciaron la pasividad marroquí y las imágenes mostraron a un guardia facilitando el paso. España había recibido –por razones médicas– a Brahim Ghali, jefe del Frente Polisario, la entidad que reclama la independencia para el Sahara Occidental, antigua colonia española controlada en su mayor parte por Marruecos y todavía incluida por la ONU entre los territorios no autónomos. La presión funcionó. Poco después de aquel incidente, Sánchez abandonó la neutralidad histórica española sobre el Sahara Occidental y pasó a considerar el plan de autonomía de Marruecos como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto.
Si bien España no reconoció formalmente la soberanía marroquí sobre el Sahara, como hizo Estados Unidos en 2020, sí respaldó una autonomía bajo autoridad de Rabat. El giro recompuso la relación bilateral y consolidó la cooperación fronteriza. También dejó claro el poder de Marruecos sobre su vecino europeo y más rico.
Marruecos, Argelia y una historia de dos dependencias
El desborde fronterizo ocurrió diez días después de que Pedro Sánchez viajara a Argel para recomponer una relación dañada por aquel acercamiento a Marruecos. España y Argelia anunciaron una cumbre bilateral para octubre, buscaron reactivar el comercio y conversaron sobre el aumento del suministro de gas por el gasoducto Medgaz, que conecta directamente ambos países y evita territorio marroquí.
Argelia y Marruecos tienen cerrada su frontera terrestre desde 1994 y rompieron relaciones diplomáticas en 2021. Su disputa central es por el apoyo de Argelia a la independencia del Sahara Occidental. Argelia respalda al Frente Polisario y la independencia saharaui.
España es dependiente de Argelia para el suministro energético y de Marruecos para el control migratorio. Ceuta y Melilla agregan complejidad a ese control que de otro modo sería mediterráneo. Las dos pequeñas ciudades son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África. A pesar de estar hace siglos bajo soberanía española, Marruecos las reclama como un enclave colonial.
La frontera tercerizada
La Unión Europea convirtió la delegación del control migratorio en política de Estado. Marruecos, Turquía, Túnez, Egipto y Mauritania reciben dinero, equipamiento o concesiones para frenar a los migrantes antes de que lleguen a sus fronteras. Pactos que permiten a gobiernos autoritarios apalancarse en la desesperación de las personas para obtener concesiones políticas y materiales en sus relaciones con la Unión Europea, mientras los europeos se evitan los constreñimientos que surgen de su exigente normativa de Derechos Humanos y de los límites al accionar de sus fuerzas de seguridad.
No hay diferencias entre derechas y progresismos europeos respecto de estos acuerdos migratorios. Si algo los diferencia es que les permite a los progresismos ignorar el problema o depositar con algo de hipocresía la responsabilidad en otros actores cuando surge un problema. El lenguaje con el que Sánchez describió el aluvión personas –“una violación de la integridad territorial” de España– no difiere sustancialmente del de la “invasión” que utilizó Donald Trump para referirse a los desbordes fronterizos en los Estados Unidos, por mucho que difieran sus políticas para los que ya están en el país.
La política de Trump respecto de México, al que le exige controlar la frontera con América Central tampoco difiere de la política española respecto de Marruecos, aunque Trump apele a la coerción económica y los europeos a los incentivos materiales.
Un gobierno sin margen
La explosión de la frontera, para Sánchez, es un problema incómodo. Explicar que el episodio responde a un problema puntual y que no tiene relación con la regularización que terminó el mes anterior es difícil. Hacerlo sin resentir la relación con Marruecos, es prácticamente imposible. La extrema derecha de Vox se siente cómoda con el lenguaje de la España “invadida”, mientras la derecha tradicional adopta el lenguaje de la seguridad nacional.
La histeria fue alimentada, además, por el gobierno de extrema derecha italiano, que suspendió por un mes los acuerdos de libre circulación de personas vigentes con España, a pesar de que Ceuta y Melilla no forman parte de esos acuerdos.
Sánchez llega a esta crisis con poco margen. Su gobierno, en minoría, no aprueba un presupuesto nuevo desde 2023; el Congreso rechazó el marco de gasto para 2027 por 176 votos contra 166 y, en junio, aprobó por 177 a 171 una resolución no vinculante que le pedía renunciar en medio de investigaciones por corrupción que afectan al PSOE y a su entorno. La posibilidad de completar la legislatura, que vence en agosto de 2027, depende de aliados cada vez menos dispuestos a sostenerlo. Las encuestas proyectan una mayoría del bloque de derecha, en la que probablemente el PP dependa de Vox para gobernar.
La crisis no es un cisne negro, sino un problema previsible, de fecha incierta. Sánchez recibe en su peor momento político un nuevo golpe, que vuelve a poner en el centro las dificultades de conciliar los problemas demográficos europeos, los desafíos culturales, políticos y económicos de la inmigración. Y evidencian la incomodidad del progresismo con la idea del orden y la represión que, de todos modos, no renuncian a ejercer sino que delegan, en cuanto pueden, en los países exportadores de personas. Ceuta es parte del costo de las hipocresías que sostienen esa conciliación imposible.
Por Martín Schapiro - Cenital