Las denuncias incluyen los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otras acusaciones. El fuego cruzó los límites del parque y avanza sobre Cholila.
Mientras el fuego avanza sin tregua sobre Cholila, la Justicia comenzó a investigar la posible responsabilidad penal de los funcionarios encargados de organizar las tareas para combatir el incendio, iniciado el 9 de diciembre de 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez, en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces.
La causa, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, de la sede de Esquel del Ministerio Público Fiscal de la Nación, se inició a partir de una denuncia radicada el 9 de enero, donde vecinos solicitaron que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y diversas figuras penales y ambientales.
A esa primera denuncia se sumó otra realizada el 22 de enero por parte de la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, en un marco de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales.
“La investigación se encuentra en curso cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo. Al momento, se han solicitado informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego y se ha dado intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.
La Cámara de Turismo de Chubut pidió la renuncia del intendente del parque
Desde la Cámara de Turismo de Chubut se solicitó la renuncia inmediata del intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño. ¿El motivo? Desde el sector cuestionaron la actuación del funcionario frente al incendio, iniciado a principios de diciembre, asegurando que representa un grave incumplimiento de sus funciones, con “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una conducción operativa deficiente”.
Según señalaron en el pedido, los pobladores del parque y representantes del sector turístico y productivo vienen realizando reclamos formales por la falta de políticas de prevención y por una respuesta tardía e insuficiente ante una emergencia de gran magnitud. Afirmaron además que no se respetaron los principios de prevención y protección ambiental, poniendo en riesgo uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
Desde la Cámara recordaron que el incendio se originó por la caída de un rayo entre el 6 y el 8 de diciembre, en un contexto de extrema sequía, y que fue detectado recién el 9. Sostuvieron que los recursos aéreos desplegados inicialmente fueron insuficientes y que el desborde ocurrido a comienzos de enero —cuando el fuego avanzó más de 20 kilómetros en un fin de semana— fue consecuencia de la falta de anticipación.
Tras las graves acusaciones, Hernández Otaño decidió responder las acusaciones y las negó totalmente, al asegurar que el incendio fue combatido desde el primer día, con personal en tierra, medios aéreos y tareas de monitoreo con drones y vuelos de observación. Explicó que el foco se inició en una zona remota e inaccesible, con gran cantidad de material combustible y sin caminos, lo que dificultó seriamente el trabajo de los brigadistas.
Fuente: ADNSUR