El anuncio del gobierno nacional de reducir retenciones al agro y a las carnes hasta octubre volvió a dejar afuera, una vez más, a la industria pesquera argentina. Se trata de una decisión de alcance limitado, que ignora a un sector estratégico que atraviesa una crisis estructural.
La pesca argentina lleva años sufriendo una asfixia tributaria, una legislación laboral obsoleta y la ausencia de políticas públicas que estimulen su desarrollo. Mientras tanto, competimos con países que no solo protegen a sus industrias pesqueras, sino que incluso operan sobre aguas argentinas.
Los números son elocuentes. En 2024, el país exportó más de USD 2.000 millones en productos pesqueros, con un volumen cercano a las 539.000 toneladas. La producción desembarcada alcanzó más de 821.000 toneladas y la actividad genera 46.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos. Sin embargo, el consumo interno per cápita de pescado sigue siendo bajo: entre 5 y 8 kilos por año, frente a un promedio mundial de 20. Estos datos reflejan un enorme potencial desaprovechado.
Mar del Plata, epicentro de la industria pesquera argentina, desembarcó más de 362.000 toneladas durante 2024, consolidándose como el puerto con mayor actividad del país. El año anterior, General Pueyrredón exportó bienes por más de USD 1060 millones, de los cuales cerca de USD 674 millones correspondieron al sector pesquero, es decir, el 65 % del total exportado desde la ciudad. Además, la industria genera allí aproximadamente 7000 puestos de trabajo formales, lo que equivale al 28 % del empleo pesquero formal del país.
Pero estos logros conviven con un escenario preocupante: en el último año, nueve fábricas cerraron en Mar del Plata con la pérdida de 400 empleos, y el Sindicato del Pescado denunció al menos 200 despidos o retiros voluntarios en plantas fabriles del puerto local.
La exclusión del sector pesquero en estas medidas no es un error aislado, sino el síntoma de un problema más profundo: la falta de una verdadera concertación productiva en nuestro país. Seguimos perdiendo oportunidades, desalentando la inversión nacional, poniendo en riesgo miles de empleos y debilitando la capacidad de generar recursos genuinos a través de nuestras exportaciones.
En un momento tan delicado como el actual, en el que la Argentina exhibe su debilidad estructural para acumular reservas, resulta incomprensible que se desperdicien oportunidades concretas de potenciar nuestra capacidad exportadora y de generar empleo de calidad.
No hay desarrollo posible sin una política que valore y acompañe a todos los sectores productivos. Y la industria pesquera, que aporta trabajo, riqueza y soberanía, no puede seguir siendo discriminada.
Representantes del Estado, empresarios, sindicatos y trabajadores deben sentarse a trabajar con un objetivo que debe ser claro: modernizar la legislación laboral, revisar la carga impositiva y definir una política de estímulo a la producción, al consumo interno y a la exportación. Solo así podremos transformar esta riqueza natural en desarrollo genuino, empleo y futuro para los argentinos.
Por Maximiliano Abad